La privatización de la enseñanza pública

        Junto al recorte en la asignación de recursos, un elemento actual muy preocupante en la enseñanza pública es la privatización de su gestión y recursos, una tarea en la que la Comunidad de Madrid ha servido de punta de lanza en nuestro país. En esta Comunidad, no sólo se ceden terrenos públicos para construir colegios privados, sino que también se ceden centros públicos ya construidos para su gestión y beneficio privado. Así, por ejemplo, el ayuntamiento El Álamo de Madrid privatizó un colegio público cediendo, durante los próximos 50 años, su control a una empresa privada sin experiencia educativa alguna, a cambio de un canon. Estas empresas podrán utilizar estas escuelas creadas a cargo de los presupuestos públicos no sólo para la actividad docente regulada, sino también para sus negocios fuera del horario escolar.

Otro caso es el del colegio infantil Platero, del pueblo madrileño de Meco, que, a pesar de las fuertes protestas de los padres, pasó el curso pasado a manos de Eulen, una empresa especializada en servicios de limpieza y seguridad. Esta compañía había ganado un concurso público de la Consejería de Educación presentando una oferta claramente inferior en baremos educativos pero mucho más barata en lo económico, quedando así clara la mercantilización de nuestro sistema educativo (Fuente: El País).

La polémica llegó hasta la Cámara regional madrileña. En ella, la consejera de Educación, Lucía Figar, denunciaba al parlamentario socialista:  "¿Qué me está pidiendo, que prevarique, que manipule la adjudicación de un contrato?"; a la vez que lo justificaba señalando que  la empresa Eulen era la que mejores condiciones presentó entre la oferta económica y la educativa, y pidió al PSOE que pregunten a sus compañeros del exgobierno del "Tripartido en Cataluña o en Castilla-La Mancha donde Eulen también gestiona escuelas infantiles" (Fuente: Diario de Alcalá.es).

Pero este alarmante proceso de mercantilización y privatización de servicios sociales, incluida la educación, no es algo que se haya inventado la presidenta de la Comunidad de Madrid, es, por el contrario, un proceso que ya se lleva desarrollando en otros países europeos, y cuya lógica neoliberal es también aplicada por los gobiernos socialdemócratas, contagiados de esta "neolengua" capitalista empresarial (perdón, "de emprendedores"). Esta fiebre "privatizadora" tiene su apoyo incluso -como ha señalado en un artículo E. J. Díez Guitiérrez- en el mismo Tratado de la Constitución Europea, en el que los servicios públicos, como la educación pasaron a denominarse Servicios Económicos de Interés General, por lo que, al no ser definido explícitamente como un derecho, la responsabilidad de la educación termina diluyéndose entre otros agentes sociales ajenos al Estado.